El quehacer de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua

26 enero, 2018 | Noticias

 

Las entidades de fiscalización de la gestión gubernamental, enfrentan hoy en día una serie de retos. Indudablemente uno de ellos es mantener la confianza y credibilidad en el trabajo que desempeñan, en medio de una sociedad que, a la par de exigir al Gobierno transparencia y rendición de cuentas, demanda cada vez más el cabal cumplimiento de los objetivos y metas de las acciones de gobierno, la óptima utilización de los recursos públicos, la aplicación de las mejores prácticas y la irrestricta integridad de los servidores públicos.

Aunado a lo anterior, la creciente ola de escándalos por actos de corrupción y desvío de recursos en todos los órdenes de gobierno, ha provocado que la atención se focalice en el quehacer de los Órganos de Fiscalización Superior, y que se cuestione el resultado de su trabajo. Lamentablemente en no pocas ocasiones, los cuestionamientos se hacen desconociendo o dejando de lado la naturaleza, facultades y competencia de las instancias fiscalizadoras.

Es por ello que ahora cobra actualidad la difusión de las tareas de fiscalización, sus alcances, el marco legal de actuación de los organismos fiscalizadores, así como sus procesos y resultados del trabajo desarrollado.

El Capítulo VII del Título VII de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, establece el marco constitucional de la ASE, el cual en su Artículo 83 Bis la define como un órgano del Congreso, que tendrá autonomía técnica, presupuestal, orgánica, funcional, normativa y de gestión, en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga esta Constitución y su ley reglamentaria.

Por otra parte, la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua regula la organización y funcionamiento de este órgano técnico, su competencia, los procesos de auditoría y fiscalización, los informes que deben elaborarse, así como el seguimiento del resultado de la fiscalización.

¿QUÉ HACE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO?

La Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, en el Artículo 7 señala la competencia de la ASE para:

Auditar, en forma posterior a la presentación de la Cuenta Pública, los ingresos y egresos, el patrimonio, así como el manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos de los Entes Fiscalizables.

Auditar los subsidios que los Entes Fiscalizables hayan otorgado, con cargo a su  presupuesto, a particulares o a cualquier institución pública o privada, cualesquiera que sean sus fines y destinos, así como verificar su correcta aplicación al objeto autorizado.

Verificar las obras ejecutadas, los bienes adquiridos y los servicios contratados, para comprobar que las inversiones y gastos autorizados a los Entes Fiscalizables, se hayan aplicado conforme a la ley, y alcanzado los objetivos y metas de los programas aprobados.

Emitir el Informe Técnico de Resultados (ITR), derivado de la auditoría a la Cuenta Pública Anual, remitiéndolo al Congreso, por conducto de la Comisión de Fiscalización.

Conforme al Artículo 4 de la misma Ley, son Entes Fiscalizables:

  1. El Gobierno del Estado.
  2. Los Ayuntamientos.

III.         Los organismos que por disposición constitucional estén dotados de autonomía.

  1. Los organismos públicos descentralizados, empresas de participación y fideicomisos de la administración pública estatal y/o municipal.
  2. En general, cualquier persona física o moral, pública o privada, que reciba, maneje, recaude o administre recursos públicos.

También es importante destacar la distinción que hace la Ley entre los conceptos “Auditoría”, como  la revisión contable, presupuestal, técnica, patrimonial, jurídica y de gestión , y el de “Fiscalización”, como la facultad que tiene el Congreso, de valorar los aspectos contenidos en los Informes Técnicos de Resultados que presente el Auditor Superior.

En este tenor, la ASE inicia el proceso de auditoría a partir de la elaboración del Plan Anual de Auditoría, en cuya conformación se consideran la naturaleza del Ente, obligatoriedad de revisión (Gobierno del Estado y Municipios se auditan obligatoriamente), presupuesto asignado y ejercido, antecedentes de fiscalización, denuncias, información periodística, investigación sobre el Ente, entre otras.

La ASE, de conformidad con la Ley de Auditoría del Estado de Chihuahua, tiene la facultad jurídica de auditar a todo el universo de Entes Fiscalizables, por lo que la programación tendrá carácter enunciativo, no limitativo. La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado puede proponer la revisión de los Entes que estime convenientes.

Una vez definido y aprobado el Plan Anual de Auditoría, y habiendo entregado los Entes al Congreso del Estado las Cuentas Públicas, la ASE va desahogando las auditorías.

Concluida la revisión, se elabora el Informe de Resultados, que contiene la descripción de los rubros revisados, transacciones y programas analizados, obra pública verificada, así como los hallazgos, observaciones y recomendaciones determinadas por el equipo auditor. Este informe tiene como destinatario al Titular del Ente auditado, a quien se le concede el  plazo  de 15 días hábiles que señala el Artículo 34 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, para que dé respuesta a las observaciones, y presente la información y documentación que considere pertinente, formule los comentarios o aclaraciones que procedan, con el propósito de que sean integrados al ITR.

Recibida por la ASE la respuesta mencionada en el párrafo anterior, el equipo auditor evalúa los documentos, comentarios y aclaraciones presentados por el Titular del Ente auditado, con el fin de determinar si son suficientes para considerar que solventan las observaciones a que se refieren.

El proceso de auditoría concluye con la elaboración del ITR, que contiene: el acta de inicio de auditoría; la evaluación de la gestión, el cumplimiento financiero y la normatividad; el cumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos legales correspondientes; el señalamiento, en su caso, de las irregularidades detectadas y la estimación cuantificable de las mismas; y los comentarios, observaciones de los auditados y la opinión del Auditor Superior.

Recibido el ITR por el Congreso del Estado, inicia el proceso de fiscalización, que compete al propio Congreso  y que se realiza por conducto de la Comisión de Fiscalización, a través de la valoración de los aspectos contenidos en dicho informe. La Comisión formula el dictamen respectivo para su presentación al Pleno del Congreso del Estado, y se proceda a la emisión del Decreto correspondiente, con relación a la aprobación, o no, de la Cuenta Pública o Estados Financieros objeto de la fiscalización.

Si con motivo de la fiscalización que realice el Congreso del Estado se determinan las observaciones que puedan generar responsabilidad de carácter administrativo, civil o penal, dará vista a la ASE, para que inicie los procedimientos, mediante la presentación de las denuncias que correspondan.

Como en toda auditoría, las revisiones se llevan con pruebas selectivas, y no se revisa la totalidad de las operaciones del Ente auditado, por lo que si una vez terminados se conocen irregularidades sobre operaciones o rubros no revisados, persisten las facultades de revisión de la ASE.

Es importante enfatizar el carácter eminentemente técnico de las labores de la ASE, cuya finalidad intrínseca es expresar un informe, basado en  evidencia suficiente y competente.

En este contexto, queda claro que el señalamiento de responsabilidades y la consecuente presentación de denuncias, pretende que las revisiones efectuadas por los órganos de fiscalización superior, sean un instrumento que coadyuve a la mejora continua de la gestión gubernamental en todos los niveles. (María Antonieta Ruiz Palma)